La Ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, establece la figura del fideicomiso como mecanismo para la captación de fondos que pueden ser invertidos en proyectos de construcción de viviendas económicas, que no superen los RD$2 millones como valor.
Esta iniciativa facilitará el uso o inversión de los fondos de pensiones en proyectos inmobiliario de impacto social por estar dirigidos a sectores de clase media baja, es decir, a los propios trabajadores.
El procedimiento es que una empresa constructura puede identificar terrenos y diseñar un proyecto inmobiliario con factibilidad y potencial de venta. Para obtener los fondos, que financien la inversión, la constructura puede constituir un fideicomiso, donde participen el constructor, el o los propietarios del terreno y otros actores. Una vez se determina la factibilidad del proyecto, el fideicomiso procura la adquisición de fondos a través de la emisión de papeles comerciales, los cuales pueden ser adquiridos por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), siempre que el fideicomiso sea evaluado y cumpla con las exigencias de la Comisión Clasificadora de Inversiones de los Fondos de Pensiones, un organismo que opera en la Superintendencia de Pensiones y que está representado por el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la propia Sipen y una representación de los trabajadores, propietarios de los fondos de pensiones.
En este esquema, las AFP no están obligadas a invertir los fondos de pensiones en ese fideicomiso, pero lo tienen como opción de inversión para diversificar la cartera y posiblemente obtener mayor rendimiento por la tasa de interés.
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Reportaje realizado por El Caribe a el consultor económico y experto en la materia Frederich Bergés –